El Banco de España y el Banco Central Europeo han trasladado al sector financiero español un mensaje inequívoco: hay que poner en marcha una nueva reestructuración que pasa por reducir el número de entidades.
El problema, al contrario de lo que sucedió en el pasado, ya no es de solvencia, sino de rentabilidad. Las entidades españolas son sólidas (como puso de manifiesto la prueba de resistencia realizada conjuntamente por el Banco de España y la Autoridad Bancaria Europea en 2014), pero el prolongado escenario de tipos cercanos a cero estrecha peligrosamente sus márgenes. La solución: ganar tamaño y, al mismo tiempo, reducir costes. Según fuentes del sector, en este nuevo proceso de consolidación las plantillas podrían recortarse en otro 20% (la anterior concentración ya las redujo en un 30%).
De no ser por el calendario electoral, la nueva ola de fusiones se habría iniciado ya. Pero la política, lo que pase en Cataluña y lo que pase en las generales, va a condicionar el nuevo mapa financiero español.
Entre otras razones porque, para evitar errores del pasado, el BCE (que ya controla a la banca española a través del Mecanismo Único de Supervisión) ha hecho saber que no vería con buenos ojos fusiones de cajas con cajas. Es decir, que sólo se aceptarán los matrimonios de bancos y cajas. Por diversas razones, mayormente políticas, la excepción a esa regla sería Kutxabank.
Dos de las entidades llamadas a ganar tamaño son catalanas: CaixaBank (tercera por volumen de activos) y Sabadell (quinta por volumen de activos). Si dejamos al margen el negocio en el mercado exterior, el conglomerado que preside Isidro Fainé es el primero de España. Y, como me reconocía la pasada semana un gran banquero, «políticamente, sin duda, también es la entidad más poderosa de España».
Fainé ha mantenido tradicionalmente una buena relación con Rajoy. Un par de meses antes de que el PP ganara las elecciones de 2011, ambos pergeñaron una gran operación financiera: la fusión de la Caixa y Cajamadrid. Rodrigo Rato se opuso frontalmente a ella y siempre ha pensado que esa resistencia que la abortó estuvo en el origen de su destitución de la presidencia de Bankia en mayo de 2012.
Moncloa considera a la Caixa (ahora CaixaBank) como una pieza sustancial del puzle catalán. Tan es así, que la citada operación de concentración de las dos mayores cajas españolas -una con sede en Madrid y la otra con su cuartel general en Barcelona- estaba concebida como un definitivo puente para consolidar la relación entre Cataluña y el resto de España. Naturalmente, Artur Mas, que veía con agrado una unión en la que la ganadora sería la Caixa, no era el visionario independentista en el que ha devenido con el paso del tiempo.
Lo que sí es cierto es que la Caixa ha ganado tamaño e influencia durante los años de mandato del PP. El presidente del Gobierno siempre confió en que Fainé supiera modular las tensiones soberanistas que ya empezaban a generar dolores de cabeza en Moncloa. Sin embargo, estamos a menos de dos semanas del pretendidamente plebiscitario 27-S y el presidente de la Generalitat parece más convencido que nunca de que logrará su objetivo secesionista.
En el Gobierno se percibe un cierto sentimiento de decepción. «Aunque ahora Fainé no se habla con Mas, lo que está claro es que no ha podido o no ha hecho todo lo que estaba en su mano para frenar la deriva independentista de Convergència», afirma una fuente del gabinete.
Como confirman fuentes del Banco de España, tanto CaixaBank como Sabadell tienen elaborados planes de contingencia en caso de una hipotética independencia. Ambas entidades tienen ya prevista la posibilidad de cambiar su sede, algo que, en el caso de la primera, obligó a cambiar sus estatutos, lo que tuvo lugar en la Asamblea celebrada en la primavera de 2014.
Más importante aún: en el caso de CaixaBank, la Fundación, que controla la mayoría del capital del grupo, tiene en su protectorado al Ministerio de Economía español. La Generalitat trató que esa función clave fuera ejercida por la Consejería de Economía del Gobierno autónomo, pero, finalmente, tras una dura negociación, la balanza se inclinó hacia el Gobierno de Madrid. El órgano que ejerce el protectorado es esencial, porque tiene capacidad de intervención en la gestión e incluso en el nombramiento de los ejecutivos.
A pesar de los pasos dados en ese sentido, en el Gobierno se teme que, si hay una mayoría absoluta de los partidos independentistas tras el 27-S, se vayan a producir fuertes presiones para que CaixaBank abandone su neutralidad y muestre abiertamente sus simpatías hacia el procés.
El equilibrio de fuerzas político condicionará la recomposición del mapa financiero. La politización de las cajas fue una de las causas de la mayor crisis financiera de la historia de España, que obligó a solicitar un rescate financiero a la Troika del que se han empleado más de 40.000 millones de euros en su saneamiento.
Lo que parece evidente es que, si se conforma un Gobierno independentista, la Generalitat va a crear su propio banco central (lo que ya está en marcha) y, naturalmente, querrá ejercer sus funciones sobre gigantes como CaixaBank o Sabadell. En ese escenario y mirando hacia el inminente proceso de concentración: ¿Cómo reaccionaría no sólo el Gobierno central, sino, por ejemplo, el Gobierno de Andalucía, si CaixaBank optara por absorber a Unicaja?
Si ganan los independentistas, todos los ojos se girarán hacia las torres negras de la Avenida Diagonal (CaixaBank, no lo olvidemos, no es sólo un gran banco, sino que posee un poderoso grupo industrial con participaciones en Gas Natural Fenosa, Telefónica o Repsol).
La composición del nuevo mapa bancario español, por tanto, también dependerá de lo que ocurra el 27-S.
http://www.elmundo.es/espana/2015/09/14/55f5cd0ee2704e50348b4581.html
